Uno de los obstáculos que frecuentemente se enfrentan
aquellos que realizan la actividad de la minería en Venezuela, es el momento en
que son abordados por funcionarios policiales, para realizarles una inspección corporal o de objetos (como el caso de los vehículos); a propósito de esta situación, es importante aclarar la tenencia legítima de equipos de minería
digital.
A nuestro juicio se pueden presentar distintos hechos
fácticos concretos, de los cuales daremos unos breves comentarios, a los fines
de compartir nuestro criterio en cuanto a la posesión legítima de un bien
mueble, en este caso equipos de minería, cuando son traslados de un sitio a
otro; en este sentido podemos tener varias situaciones como la venta, la
permuta, el arrendamiento, la donación, la sucesión, entre otras, sólo
analizaremos tres formas de adquisición de los equipos de minería digital:
- A través
de la venta derivada de un acto de comercio
- A través
de la venta derivada de un acto civil
- A través
de Donación (Regalo)
Artículo 193. Inspección de Vehículos. La policía podrá realizar la inspección de un vehículo,
siempre que haya motivo suficiente para presumir que una persona oculte en
él objetos relacionados con un hecho punible. Se realizará el mismo
procedimiento y se cumplirán iguales formalidades que las previstas para la
inspección de personas.
1. La venta
derivada de un acto de comercio
Analizaremos la primera situación fáctica, es decir, la
adquisición de equipos de minería digital a través de la compra venta derivada
de un acto de comercio, para ellos y a fines didácticos, explicaremos de forma
sucinta que es la posesión legítima a través de justo
título, para ellos comencemos definiendo que es la posesión de un bien mueble,
la cual está establecida conforme al Código Civil venezolano en su artículo 771:
Artículo
771. La posesión es
la tenencia de una cosa, o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros
mismos o por medio de otra persona que detiene la cosa o ejerce el derecho en
nuestro nombre.
Conforme a lo dispuesto por la norma, tener consigo un
objeto físico o ser titular de un derecho, es tener sobre los mismos una serie
de derechos, como el de propiedad, consagrado constitucionalmente en el
artículo 115, el cual consiste en el uso, goce, disfrute y disposición de nuestros bienes, y
ratificado en Código Civil venezolano, como el ejercicio de derechos sobre
el bien o derecho detentado.
Por otro lado, debemos tener en cuenta su naturaleza, desde el punto
de vista jurídico, de lo que es un equipo de minería digital; de acuerdo a sus características,
un equipo de minería digital, es un bien de la especie bien mueble, el cual es
fácilmente trasladable de un lugar a otro, por lo que la norma lo define como
bien mueble en su artículo 532 del Código Civil de la manera siguiente:
Artículo 532. Son
muebles por su naturaleza los bienes
que pueden cambiar de lugar, bien por sí mismos o movidos por una fuerza
exterior.
Ya definido lo
que es un bien mueble, y que perfectamente un equipo de minería digital es
fácilmente trasladable por sus dimensiones y características, lo que nos hace
acreditar, sin duda, que estamos en presencia de un bien mueble; otra situación
sería, si ese equipo formara parte de una granja de minería, su situación
fáctica cambiaría y pasaría a ser un bien inmueble por su destinación, pero no
es la situación que queremos resaltar.
Ahora, desde el
punto de vista jurídico, más allá de la relación que se tiene con un equipo de minería
digital y su posesión o tenencia, el cual como ya se indicó, pertenece a la especie de bien
mueble, aunado al derecho de propiedad consagrado en el artículo 115 constitucional, nuestro Código Civil venezolano, en sus artículos
788 y 794, establece lo siguiente:
Artículo 788. Es
poseedor de buena fe quien posee como propietario en fuerza de justo título, es decir, de un título capaz de
transferir el dominio, aunque sea vicioso, con tal que el vicio sea ignorado
por el poseedor.
Artículo 794. Respecto de los bienes muebles por
su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, en favor de los terceros de buena fe, el mismo
efecto que el título.
…
Al interpretar lo dispuesto en la norma y lo subrayado por
nosotros, a los efectos de resaltar su significado, podemos concluir que el sólo
hecho de poseer un bien mueble, se presume que somos propietarios del mismo y
ejercemos todo el atributo del derecho de propiedad. También podemos poseer en
nombre de otro, sin ser el propietario, sin embargo, no abundaremos sobre esto.
Aquí deseamos enunciar varios ejemplos:
· Supóngase,
que usted conduce un vehículo, se debe entender o presumir que su poseedor es
el propietario, por el simple hecho de ostentar la tenencia. Si alguna
autoridad le solicita la documentación del vehículo, usted entrega el Registro
de Vehículo, documento notariado de compra-venta u otro documento que le
acredite la propiedad.
· Supóngase
que usted lleva puesto un par de zapatos, se entiende que el sólo hecho de
poseerlos, se entenderá que usted es el propietario, a la luz de los artículos
788 y 794 del Código Civil. Ninguna autoridad usando la lógica, le solicitará que le
acredite con un documento, llámese, factura o documento compra-venta o recibo
de pago, para demostrar que usted es el propietario de dichos zapatos.
La
factura, orden de entrega, guía de entrega y otros documentos
En este orden de ideas, es menester introducir el tema de
la factura, como documento que deben emitir sólo los que se dedican al comercio,
es decir, los comerciantes, los cuales se rigen principalmente por el Código de
Comercio venezolano y supletoriamente por otras normas, como el Código Civil y
leyes tributarias.
Es importante señalar, que la factura como documento, es
una obligación que tienen los comerciantes y otros sujetos, que, a los fines de
este artículo, sólo trataremos como obligación de los comerciantes. Esta obligación
dispuesta en distintas normas, que aplica a la condición de comerciantes, y que
su definición se encuentra en el artículo
10 del Código de Comercio venezolano,
que al interpretar la norma, se define como comerciante, como aquella persona natural o jurídica, que,
teniendo capacidad, hace del comercio su profesión, emitiendo actos de
comercios.
Ahora, se entiende por actos de comercios, en términos diáfanos, como todos aquellos negocios
jurídicos emitidos por personas naturales o jurídicas que realizan actos de
comercios, según lo dispone el artículo 2
del Código de Comercio, y conforme al artículo señalado enumera una serie de
actos que son considerados de comercio, entre ellos está la venta.
Asimismo, cuando se ostenta la categoría de comerciante,
existe un conjunto de derechos y obligaciones, una de sus obligaciones es lo
estipulado en el artículo 147 del Código
de Comercio, la cual es la de emitir facturas, a tales efectos y a los
fines de ilustrar lo dispuesto en el artículo indicado, reproducimos lo
siguiente:
Artículo
147. Código
de Comercio. El comprador tiene derecho a exigir que el vendedor firme y le entregue factura
de las mercancías vendidas y que ponga al pie recibo del precio o de la
parte de éste que se le hubiere entregado.
…
Conforme a lo señalado por el artículo 147, en su
condición de vendedor comerciante, está en la obligación de entregar
una factura, es decir, un documento, donde estará reflejada la mercancía
comprada a través del acto jurídico comercial.
Dentro del repertorio de normas venezolanas que obligan
al comerciante, y están relacionadas con la obligatoriedad de emitir facturas, tenemos
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entre otras que hacen referencia a la factura,
en la cual se establecen una serie de obligaciones al comerciante, en este
sentido dispone el artículo 54 de la referida norma lo siguiente:
Artículo
54. Los
contribuyentes a que se refiere el artículo 5 de esta Ley, están obligados a emitir facturas por sus ventas, por la
prestación de servicios y por las demás operaciones gravadas. En ellas deberá
indicarse en partida separada el impuesto que autoriza esta Ley.
Las
facturas podrán ser sustituidas por otros documentos en los casos en que así lo
autorice la Administración Tributaria.
En los casos de operaciones asimiladas a ventas que, por su
naturaleza no dan lugar a la emisión de facturas, el vendedor deberá entregar al adquirente un comprobante en el que
conste el impuesto causado en la operación.
La Administración Tributaria podrá sustituir la utilización
de las facturas en los términos previstos en esta Ley, por el uso de
sistemas, máquinas o equipos que garanticen la inviolabilidad de los registros
fiscales, así como establecer las características, requisitos y
especificaciones que los mismos deberán cumplir.
Asimismo, la Administración Tributaria podrá establecer
regímenes simplificados de facturación para aquellos casos en que la emisión de
facturas en los términos de esta Ley, pueda dificultar el desarrollo eficiente
de la actividad, en virtud del volumen de las operaciones del contribuyente.
En toda venta de bienes o prestaciones a no contribuyentes
del impuesto, incluyendo aquéllas no sujetas o exentas, se deberán emitir
facturas, documentos equivalentes o comprobantes, los cuales no originan
derecho a crédito fiscal. Las características de dichos documentos serán
establecidas por la Administración Tributaria, tomando en consideración la
naturaleza de la operación respectiva.
Queremos resaltar de la
norma señalada, el carácter obligatorio
de emitir facturas por ventas, así como no menos importante, también
dispone la norma que las mismas podrán
ser sustituidas por otros documentos en los casos en que así lo autorice la
Administración Tributaria, como ejemplo podemos tener una orden de entrega o guía de despacho, tal y
como lo dispone el artículo 55 ejusdem,
y que transcribimos de forma parcial:
Artículo 55. Los contribuyentes deberán emitir sus correspondientes
facturas en
las oportunidades siguientes:
1. En los casos de ventas de bienes muebles corporales, en el
mismo momento cuando se efectúe la entrega de los bienes muebles.
…
Cuando las facturas no
se emitan en el momento de efectuarse la entrega de los bienes muebles, los vendedores deberán emitir y entregar
al comprador en esa oportunidad, una
orden de entrega o guía de despacho que ha de contener las
especificaciones exigidas por las normas que al respecto establezca la
Administración Tributaria. La factura
que se emita posteriormente deberá hacer referencia a la orden de entrega o
guía de despacho.
Nótese que el artículo
55, dispone que cuando no se emita factura al momento de producirse la venta, el
vendedor podrá emitir otros documentos como pueden ser orden de entrega, o guía
de despacho, es decir, no sólo la factura, es un documento que puede emitir el
comerciante, sino también otros documentos.
A propósito de lo señalado
en el artículo 54 sobre la obligación de emitir factura, los que ostenten la
categoría de contribuyentes, los cuales están definidos en el artículo 5 de la misma, en este sentido transcribimos
parcialmente lo que dispone la norma:
Artículo 5. Son contribuyentes
ordinarios de este impuesto, los
importadores habituales de bienes, los industriales, los comerciantes, los
prestadores habituales de servicios y, en general, toda persona natural o
jurídica que, como parte de su giro, objeto u ocupación, realice las
actividades, negocios jurídicos u operaciones, que constituyen hechos
imponibles de conformidad con el artículo 3 de esta Ley. En todo caso,
el giro, objeto u ocupación a que se refiere el encabezamiento de este
artículo, comprende las operaciones y actividades que efectivamente realicen
dichas personas.
…
En cuanto a los detalles que deben contener las facturas,
la legislación venezolana a través de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de
la Providencia SNAT/2011/00071,
mediante la cual se establecen las Normas
Generales de Emisión de Facturas y otros Documentos, publicada en Gaceta Oficial No. 39.795, de fecha 08 noviembre
2011, así como todo lo relacionado a su emisión y formalidades, dejándolo establecido en su artículo 1 el cual dispone:
Artículo 1. La presente Providencia tiene por objeto establecer las normas que rigen la emisión de facturas, órdenes de
entrega o guías de despacho, notas de débito y notas de crédito, de
conformidad con la normativa que regula la tributación nacional atribuida al
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Las
normas relacionadas con la factura, orden de entrega y guía de despacho, como la
Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Providencia SNAT/2011/00071,
establecen la formalidad del contenido de la factura y los otros documentos, para
quién está obligado, cómo debe ser el formato, entre otros requisitos
exigidos, así como: la numeración, la palabra futura, el Nombre y Apellido o Razón Social, número de Registro de Información Fiscal
tanto del emisor y receptor, fecha de emisión, la base imponible, indicar si la factura se ha expresado en moneda
extranjera, indicar su monto en Bolívares a la tasa oficial del Banco
Central de Venezuela, entre otras indicaciones.
Otro documento que puede acreditar la posesión
legitima de los equipos de minería, son las órdenes de entrega o guías de despacho, cuyas formalidades están establecidas en el artículo
20 de la Providencia SNAT/2011/00071, y las mismas se pueden entregar
en caso de traslado de bienes muebles. Queremos dejar claro, que, si usted tiene
la factura, no requiere de orden de entrega o guía de despacho, por cuanto ya
es producto de la venta y no de otro acto jurídico, como: despacho parcial,
arrendamiento, donación, entre otros actos, diferentes a la venta, que podrían
ser acreditados con otros documentos distintos a la factura.
En referencia al llenado de la factura, en
cuanto a completar cada una de las casillas indicadas en el formato, es decir,
el cómo debe ser escrito el contenido, la norma no especifica nada, mal podría algún
funcionario policial quien no posee la competencia de la administración
tributaria de inspección o fiscalización, establecer reparo sobre la factura
como documento, si esta cumple o no, con tal o cual formalidad.
Aquí queremos llegar a
una primera conclusión, que, si una persona natural o jurídica adquiere equipos
de minería digital, se debe presumir que quien los posee es su propietario,
además si es o son adquiridos a través de un acto de comercio, se debería tener
documento que acredite la titularidad de los equipos de minería digital, a
través de una factura u otro
documento como lo señala propia norma, es decir, orden de entrega o guía de despacho. Si la persona detenta
la posesión de equipos de minería digital a través de otro acto jurídico, como
la permuta, el arrendamiento, remate judicial, donación, el documento que
acredite la titularidad sería otro, y el análisis nos conduciría a otras
conclusiones, en este sentido no sólo la
factura es el documento que le acredita la titularidad del ejercicio de
propiedad, como ya se ha señalado y demostrado según lo establecido en la norma.
2. La venta
derivada de un acto civil
Es importante señalar,
si no ostento la condición de comerciante, o de sujeto obligado a emitir
factura, no emito actos de comercio, tal y como lo establece el Código de
Comercio venezolano, por lo tanto, estaremos en presencia de un acto jurídico
de naturaleza civil, en este sentido entramos en la segunda situación fáctica, es decir, adquirir equipos de minería
digital a través de la compra venta derivada de un acto
civil.
La venta, es un negocio
jurídico establecido en el Código Civil venezolano, contemplados en los artículos
1.474 y
subsiguientes, y está definida como un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad
de una cosa y el comprador a pagar el precio.
Ahora, un acto jurídico como
la venta de equipos de minería digital, tendrá características de acto civil, y
se regirá por las normas del Código Civil venezolano, cuando las personas
naturales o jurídicas no sean comerciantes, es decir, entre personas naturales
o jurídicas, que no emiten actos de comercio, para este caso basta con la simple entrega de un documento
que acredite la venta privada o autenticada, sin embargo, existen contratos verbis o
verbales, y su análisis de probar la venta sería otro, por ahora trataremos el
contrato de venta pactado a través de escritura.
Como podrá apreciarse, por tratarse de un acto netamente civil, no se emite factura, supletoriamente,
se acredita el justo título por medio de la escritura realizada a través del
documento venta o recibo de venta entre privados, y se presume la titularidad del
derecho de propiedad, la posesión.
3. La
donación
La tercera y última situación fáctica que vamos analizar, es la tenencia de equipos de minería provenientes de donaciones, definida en el Código
Civil venezolano en su Artículo 1.431, el cual depone que “La donación es el
contrato por el cual una persona transfiere gratuitamente una cosa u otro
derecho de su patrimonio a otra persona que lo acepta".
La donación puede ser un acto de comercio conforme
los señala el artículo 3 del Código de Comercio venezolano, o un acto netamente
civil, realizado por personas naturales o jurídicas, y para acreditar la
posesión de equipos de minería digital a nuestro criterio se podrá hacer a
través de contrato escrito, nota de entrega, recibo, sin perjuicio de los otros
documentos aquí señalados.
De la Inspección de
Personas y Objetos
Por último, y no menos importante, queremos señalar lo
dispuesto en los artículos 191 y 194 del Código Orgánico Procesal Penal
venezolano, referente a la inspección de personas y vehículos, en cuanto a la
actuación del funcionario policial, los cuales establecen:
Artículo 191. Inspección de Personas. La policía podrá inspeccionar una persona, siempre que haya motivo suficiente
para presumir que oculta entre sus
ropas o pertenencias o adheridos a su cuerpo, objetos relacionados con un hecho
punible.
Antes
de proceder a la inspección deberá advertir a la persona acerca de la sospecha
y del objeto buscado, pidiéndole su exhibición y procurará si las circunstancias lo permiten, hacerse acompañar de
dos testigos.
Disponen los artículos precedentes, la actuación del
funcionario policial sobre la inspección de personas o vehículos, la formalidad
legal que deben guardar en su actuación, cuando se esté en presencia de inspecciones de este tipo.
Muchas veces se presentan situaciones donde existe un
puesto de control policial, se les requiere identificación a las personas que
transitan a pié o en vehículos, se les inspecciona de forma individual, o al
vehículo, y no se le advierte de la presunción de un delito, o que se está
buscando objetos provenientes o relacionados con algún delito, y mucho menos se
hacen acompañar de un testigo.
Tenemos como situación real, que se ha presentado de forma
cotidiana que al inspeccionar a los
individuos o vehículos, los funcionarios se percatan del traslado de equipos de
minería digital, y sorprenden en su buena fe al detentador de dichos equipos, y
en muchos casos por el sólo hecho de tener la posesión se le criminaliza,
arguyendo y solicitando una seria de documentación totalmente contrarias a los
requerimientos contemplados en las normas propias del ecosistema de
criptoactivos venezolano y de las leyes venezolanas; como ya se ha analizado en este artículo, no
sólo la factura demuestra la titularidad, sino existen otras formas de
demostrar la titularidad de la posesión con otros documentos distintos a estas.
Estas malas prácticas policiales, ponen en cabeza del
poseedor de los equipos de minería digital, la carga de la prueba de su inocencia,
sabiendo que uno de los principios del Derecho Penal es la presunción de inocencia, y es al Estado a quien corresponde demostrar la culpabilidad, por la comisión de un delito, y no el poseedor de un bien mueble, al
exigirles documentación o formalidades de documentos que no los contempla la
ley.
Reflexión final, en cuanto a la seguridad
jurídica y la actividad de minería digital, se ha venido avanzando en no
criminalizar la tenencia, posesión y traslados de equipos de minería digital
por el territorio nacional. La Superintendencia
Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), ha tenido como
política establecer y garantizar la seguridad jurídica del ecosistema cripto
venezolano, ha jugado un papel fundamental, sin
embargo, se siguen teniendo casos aislados, en cuanto a malas praxis de
actuación de algunos funcionarios policiales, que en el ejercicio de sus
funciones, solicitan una serie de documentos y exigencias que a nuestro juicio
no se encuentra dentro de sus facultades, extralimitándose, creando un grave
perjuicio a los que ejercen la actividad de minería digital de forma legal,
asumiendo estos una conducta contraria a la Política de Estado de desarrollar la
actividad del Sistema Integral de Criptoactivos.
En este sentido, hacemos
un llamado a las autoridades de SUNACRIP, en el ejercicio de sus competencias, y en especial
en lo establecido en el artículo 11 numeral 13 y artículo 20 numeral 1, que
incremente la capacitación de los funcionarios policiales en los aspectos
jurídicos del Sistema Integral de Criptoactivos, para evitar las malas
prácticas policiales, y desde la Fundación CriptoJuris Venezuela, nos ponemos
al frente a los fines de contribuir con dicha formación.
Por
la construcción de la seguridad jurídica del ecosistema cripto venezolano
Nota: Le notificamos que ya se
encuentra activo el correo institucional mineriadigital@sunacrip.gob.ve para
recibir las sugerencias, recomendaciones, propuestas y denuncias que permitan
desde la SUNACRIP trabajar en conjunto, con el objetivo de normalizar la
Minería Digital en el territorio nacional.
